La Fiscalía investiga a Acciona por cobrar ilegalmente 12 millones de euros

La Generalitat de Artur Mas “desvió” de forma irregular a Acciona hasta 12 millones de euros a través de la sociedad concesionaria ATLL, que fue privatizada por el gobierno regional catalán. Según la Oficina Antifraude Catalana (OAC), entre 2013 y 2014 esta empresa cobró por unos trabajos que no se realizaron, por lo que ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía Superior de Cataluña y de la Agencia Tributaria, que estudian las implicaciones legales de este presunto fraude.

Según el informe del OAC, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Acciona empleó dos filiales para facturar 7,41 millones de euros en 2013 y otros 4,72 millones en 2014, “sin que esté acreditada la existencia de una corriente real de servicios” que justifiquen este “desvío”. El organismo apunta a la existencia de un mecanismo de facturas cruzadas por parte del Grupo de la familia Entrecanales.

Antifraude considera que “pueden existir responsabilidades de orden penal, relacionadas con los delitos de falsedad mercantil y administración desleal” y apunta que las irregularidades también deben ser analizadas por Hacienda para determinar si hay delito fiscal. Además, indica que las tarifas que pagan los catalanes por el uso del agua son mayores de lo debido a causa de estos cobros.

El OAC indica que en este caso se ha podido infringir el artículo 290 del Código Penal, que establece que “los administradores (…) que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses”.

Acciona no ha realizado por el momento ningún comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por estos hechos.

Objetivo: nacionalizar ATLL

Este informe de Antifraude puede ser el paso definitivo para volver a nacionalizar ATLL, un objetivo que persigue Junts Pel Sí y la CUP desde que se celebraron las elecciones en Cataluña. La compañía protagonizó en 2013 la mayor privatización realizada por la Generalitat, con un importe de 1.000 millones, de los que Acciona ya ha adelantado 300 millones.

Además, el grupo de los Entrecanales ha hipotecado 60 millones de euros más, equivalentes al 35% de su beneficio contabilizado entre enero y septiembre, en la compra del 39% de la compañía de aguas a su socio brasileño BTG Pactual. Acciona ha aumentado su exposición a esta concesionaria de aguas a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado en varias ocasiones que la privatización fue irregular.

El ex presidente dela Generalitat, Artur Mas, se implicó personalmente en que saliera adelante la operación, respaldando políticamente el mantenimiento del banco brasileño en el capital del consorcio y garantizando sus ingresos mediante subidas del precio del agua, tal como avanzó OKDIARIO. Ahora Antifraude da las herramientas al nuevo presidente, Carles Puigdemont, para nacionalizar ATLL, lo que asestaría un duro golpe financiero a Acciona.

Acciona, inhabilitada para trabajar en Perú

Este no es el único revés jurídico que sufre Acciona, ya que el Gobierno de Perú ha impuesto una sanción por la que inhabilita a la filial de la empresa española en el país para firmar contratos con el Estado durante un plazo de 37 meses, por haber falsificado documentación en una licitación pública.

Según un informe del Tribunal de Contrataciones del Estado de Perú al que ha tenido acceso OKDIARIO, el organismo ha dispuesto sancionar a la filial de Acciona “por sus responsabilidades en la comisión de infracciones”, en el marco de un proyecto convocado por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para la “elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra” en la “mejora y ampliación” de la “capacidad del tratamiento ambulatorio del cáncer”.

El Tribunal de Contrataciones peruano acusa a la empresa de “presentar documentación falsa o información inexacta, durante su participación en el proceso de selección”, lo cual incluye certificados de trabajo con “firmas falsificadas”, tal como ha revelado el informe pericial encargado por el organismo a un grafólogo.

Por ello la institución establece que “Acciona Infraestructuras Sucursal de Perú y Pinearq han incurrido en la infracción prevista en el artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, imponiéndose a ambas empresas una sanción de inhabilitación”, según indica la resolución.